La masiva protesta de taxistas en contra de la “competencia desleal” que representa el servicio de Uber no pasó desapercibida en la Legislatura. Aunque la Cámara viene con un bajísimo volumen de actividades netamente legislativas, parlamentarios se hicieron eco de las manifestaciones que hubo en las calles de la ciudad. Advirtieron que el Poder Ejecutivo no promulgó el proyecto sancionado en noviembre de 2022 para derogar la Ley 9.352, que regula los servicios de estas plataformas. Es decir que está vigente la normativa. Sin embargo, remarcaron que ella tampoco fue reglamentada y que, por lo tanto, es imposible su aplicación. Legisladores del oficialismo y de la oposición brindaron posturas dispares, pero mayormente coincidieron en que lo ideal sería hallar el modo de legislar para que ambos sistemas de transporte convivan en Tucumán.
El presidente de la comisión de Obras, Servicios Públicos, Viviendas y Transporte, Tulio Caponio (FdT), consideró que si no se le da un marco legal a la plataforma hay una competencia ilegal con los taxis. “Nos guste o no, tienen que cumplir la normativa y pagar impuestos. Con la plataforma eso no existe y no podés competir con ello”, expresó a LA GACETA.
Busca consenso
El parlamentario capitalino mencionó que los conductores de servicios de plataformas, como Uber o Cabify, entre otros, no abonan seguros para proteger a los pasajeros. “Figuran como particulares. Hay una serie de cosas que están en una nebulosa”, apuntó. De todos modos, Caponio consideró que lo ideal sería crear una reglamentación para que haya igualdad de condiciones en ambos servicios. “Tenemos que estar todos bajo una misma normativa. Que estén todos los conductores registrados, que sepamos quiénes son y que pasen las revisiones. En Uber cualquier persona se registra en la plataforma y sale a la calle a realizar una tarea de transporte público”, apuntó. En ese sentido, le dio la derecha a los taxistas por el reclamo dado que los choferes de la aplicación no pagan impuestos.
Hallar una solución a esta problemática que se repite en gran parte del país y del mundo no es sencillo, según Caponio. “Tiene que haber consenso. Hay que hablarlo profundamente y ver el modo de que el taxista no quede fuera del sistema. Hay que escucharlos a todos. La salida ideal sería convivir con los dos sistemas”, dijo. A su vez, consideró que debería idearse de modo que abarque a todo el transporte de autos del Gran de San Miguel de Tucumán dado que hay apenas una calle de límite entre un municipio y otro.
“No es un trabajo”
De modo más reticente se expresó el legislador oficialista Armando Cortalezzi, quien impulsó el año pasado la denominada “ley anti Uber”, la cual se aprobó por mayoría pero no se promulgó. “No puede funcionar (el servicio) sin los tributos que pagan los taxistas. Creo que todos los servicios del Estado deben estar controlados por el Estado y para que eso suceda tienen que pagar los impuestos correspondientes y entrar en los regímenes de la Municipalidad, como el Sutrappa u otro instrumento legal. Si no, es un servicio que el Estado no puede cubrir ni proteger”, expuso a este diario.
El parlamentario justicialista consideró que el pasajero no tiene dónde quejarse si tiene algún problema o accidente dado que la aplicación tiene su sede de operaciones en el exterior. “La manera de que funcione es que el Estado lo regule”, insistió. A su vez, opinó que conducir para Uber “no es un trabajo” porque -dijo- un alto porcentaje de conductores tiene otros ingresos y sale en el auto sólo por un extra. “Cobran menos (la tarifa) porque es ocasional”, consideró.
“Nada que sea un servicio público puede funcionar sin ser regulado”, insistió Cortalezzi. Y consideró que es la Casa de Gobierno la que debe informar si se derogó o no la ley anterior. “Yo estoy a favor de que los Uber no funcionen ni aquí ni en ninguna parte del mundo”, remarcó.
Énfasis en el usuario
En el otro extremo se ubicó el legislador Walter Berarducci (PJS), uno de los impulsores de la Ley 9.352. “Lo que hicimos ante la nueva realidad fue regular la actividad. La ley fue sancionada, promulgada y está vigente. El estado de la ley es vigente porque hubo sanción (de la ley “anti Uber”), se comunicó al Ejecutivo, no la vetó, pero pasó el tiempo y no hubo una promulgación ni numeración. Está en el limbo del Ejecutivo como cientos de leyes”, dijo.
El parlamentario cuestionó que las posturas para impedir el funcionamiento de las plataformas digitales no contemplen al usuario del servicio. “Tenemos que avanzar, pero no con la prohibición. Eso es la negación de una realidad que se instaló en el mundo. Hay que poner énfasis en el que usa el servicio. Se alega que se quita trabajo, pero se genera otro”, señaló.
Berarducci manifestó que el avance de las tecnologías es transversal en todas las actividades e, incluso, remarcó que hay taxistas que hacen uso de Uber. “Tenemos que trabajar, no en las prohibiciones sino en las pautas para armonizar lo que está pasando en el mundo. Se tienen que dar las discusiones, pero no es la forma de plantearlo. Este tipo de protesta traumatiza a todos los tucumanos laburantes como ellos. Lo único que genera es más rechazo a la actividad”, cerró.
Legislación
Una norma vigente sin aplicación
La Ley 9.352 data de fines de 2020 y busca reglamentar el servicio de transporte privado a través de plataformas digitales en la provincia. Entre otras cosas, se exige a los conductores contar con una licencia de conducir del mismo nivel que se exige para los taxistas; aceptar viajes sólo a través de la aplicación; abonar una tasa de permiso de explotación; y tener seguro contra todo riesgo para pasajeros, entre otros. También se exige que los vehículos tengan capacidad para cuatro pasajeros y que su antigüedad sea de hasta tres años. Se designó como autoridad de aplicación de la ley a la Secretaría de Transporte y Seguridad Vial.